4. El campo minado venezolano
El ecosistema mediático que tenemos
Un cambio de paisaje comunicativo ha experimentado Venezuela a partir de 1999. ¿Cómo es el ecosistema mediático actual?, ¿por qué resulta en un caldo de cultivo que predispone la desinformación? Las respuestas en nuestra siguiente entrevista con Andrés Cañizález, periodista, doctor en Ciencia Política, investigador de la comunicación, autor de varios libros sobre desinformación y director de la asociación civil Medianálisis. Esto nos dijo:
Video del OEV
Por encargo del OEV, el Instituto Delphos le preguntó a 1.200 venezolanos si ocurrieron o no ocurrieron una serie de cosas durante el proceso electoral de 2021: uno de cada tres ignoraba que hubo un cambio de directiva del CNE, más del 10% aseguraba que había venido a Venezuela el presidente de los Estados Unidos y uno de cada cuatro afirmó que se había implementado un nuevo mecanismo de votación que, la verdad, no existe.
En un país donde tres de cada cuatro medios de comunicación no cubren la fuente política (Espacio Público y CDH-UCAB, 2021), a Sofía, que le gusta estar informada del ámbito electoral, no le abrieron más en el celular varios sitios web de periodismo independiente que publican noticias verificadas del CNE, los candidatos y las elecciones. Han sido bloqueados de manera deliberada por entes estatales, como ha documentado IPYS Venezuela.
Los procesos electorales deben ser actos públicos y transparentes. Sus múltiples actividades deben gozar de trazabilidad para los distintos actores involucrados y para la sociedad en general.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) es altamente garantista en este sentido: establece que toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura (artículo 58); que los ciudadanos tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la administración pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados, así como a acceder a los archivos y registros administrativos, al tiempo que no permite censura alguna a los funcionarios públicos que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad (artículo 143). La letra constitucional, sin embargo, incluso ha sido desmentida por el contenido de otras leyes (la llamada ‘Ley contra el odio’, por ejemplo).
Tanto el CNE como los procesos electorales que organiza deben regirse por varios principios, entre ellos el de transparencia, en lo cual coinciden la LOPE (artículos 3 y 4) y la LOPRE (artículo 3).
Todo proceso electoral debe empezar con un acto público de convocatoria, durante el cual debe anunciarse el cronograma electoral del respectivo proceso. Este es un documento de planificación estratégica que contiene todas las etapas, actos y actuaciones, con sus respectivas fechas, que deberán ser cumplidos de conformidad con lo previsto en la ley. Es la hoja de ruta, la brújula de la elección.
En los últimos años, en Venezuela los incumplimientos e inobservancias al principio de transparencia empiezan desde esta misma actividad inicial. En la práctica se suelen hacer actos o declaraciones que apenas revelan la fecha de la jornada de votación junto a otros pocos hitos del ciclo, como las postulaciones y la campaña.
Pero la verdad es que un cronograma electoral completo -que se suele publicar después y al cual se suelen también hacer modificaciones sobrevenidas- es un planificador que contiene más o menos 100 actividades que se extienden durante varios meses y que, en su conjunto, configuran las etapas preelectoral, electoral y poselectoral del ciclo.
En el OEV revisamos los cronogramas de las elecciones de los años 2018, 2020 y 2021, con el fin de determinar cuáles de sus actividades ameritan ser debidamente informadas por parte de la administración electoral a los electores y actores del proceso.
Infografía del OEV
Una mejora en la política comunicacional de los procesos electorales redundará, directamente, en ciudadanos más y mejor documentados, con herramientas para la toma de decisiones y la concurrencia a un voto más informado, consciente y responsable.
En sintonía con los fenómenos de este tiempo, también urge que los cronogramas electorales en Venezuela contemplen actividades enmarcadas en programas que combatan de manera efectiva y articulada la desinformación, como parte de los procesos de planificación operativa del órgano electoral.
Mientras más actores participen más robusto y exitoso será el programa, que deberá incluir tanto medidas y acciones preventivas como trabajo de monitoreo y verificación, sin descuidar la posibilidad de avanzar en regulaciones sobre la materia.
Brasil encabeza una buena práctica en este sentido. El Programa Permanente de Lucha contra la Desinformación del Tribunal Superior Electoral (TSE) entiende los riesgos de la desinformación electoral, incluido su impacto en la confianza pública en las instituciones. De ahí que articulan una gran coalición con distintos sectores de la vida nacional para garantizar un ambiente democráticamente sano, que contenga la expansión de las narrativas falsas y amplíe el alcance de la información correcta, defendiendo los intereses de toda la sociedad.