5. Las claves: regulación, verificación y alfabetización

La compleja regulación de contenidos

Navegando por Twitter, Sofía encontró dos trinos seguidos que se dan la espalda en contenido. El primero, del nuevo dueño de esa red social Elon Musk: “Algunos gobiernos (no Ucrania) han pedido a Starlink que bloquee las fuentes de noticias rusas. No lo haremos a menos que sea a punta de pistola. Lamento ser un absolutista de la libertad de expresión”. El segundo, de un senador del partido de gobierno mexicano quien decía que “la única forma correcta de proteger el derecho humano de libertad de expresión en el ciberespacio, es la vía legislativa”, por lo cual, proponía que Twitter pida autorización al ente estatal de telecomunicaciones para poder operar en México, y que el Estado tenga la última palabra para decidir qué cuentas o mensajes deberían ser suspendidas.

Los dos trinos encarnan un debate sin punto final. Algunos apoyan la opinión de que las redes sociales son medios de comunicación y, como tales, deben ser reguladas por un marco jurídico (tendencia a la regulación). Otros sostienen que la regulación gubernamental de estas plataformas sería perjudicial para la libertad de expresión y difícil de aplicar (tendencia a la autorregulación). Entre una y otra visión, están quienes defienden que todo procesamiento de datos personales por los gobiernos o el sector privado debe ser compatible con el derecho al respeto de la vida privada (tendencia a la corregulación).

Las elecciones son temporadas especialmente sensibles en la lucha entre el control y la libertad del tráfico digital. Bajo usos desmedidos del poder, lo que no se regula por vías legales termina censurándose de facto. Así, los bloqueos o cierres de internet afectaron por lo menos 52 elecciones en el mundo entre 2016 y 2021, como documenta un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Solamente en 2019, los gobiernos de 14 países africanos interrumpieron el acceso a internet durante períodos electorales.

Este debate acerca de la regulación de los contenidos en línea, especialmente durante los períodos electorales, involucra complejidades, como aclara la UNESCO en sus manuales. ¿Por qué? Básicamente, dice esta agencia de la ONU, porque:

• El carácter global de internet dificulta los intentos de regulación.
• Los contenidos en línea ilegales o perjudiciales pueden crearse y difundirse mucho más rápidamente y a mayor escala que las expresiones fuera de línea.
• Un número relativamente reducido de empresas, que siguen una lógica comercial, domina el discurso en línea regulado a través de sus propias condiciones de servicio globales y normas comunitarias, en lugar de leyes alineadas con las normas internacionales de derechos humanos.
• Las empresas privadas toman decisiones internas de regulación de contenidos que a menudo están automatizadas y conllevan una revisión humana limitada.

Ante los riesgos que esto supone, cada vez son más los países que intentan aplicar ciertas restricciones durante los procesos electorales que se consideran necesarias para garantizar unas elecciones libres y justas.

En el caso venezolano, durante el proceso electoral 2021, la normativa sobre campaña y propaganda electoral contuvo como aspectos novedosos los artículos relacionados con propaganda en tecnologías de información y comunicación (TIC) y registro de cuentas, redes sociales y sitios web.

En este sentido, se normó que: a) la propaganda difundida a través de las TIC se debía realizar con apego a las normas y principios establecidos en la LOPRE; y b) el CNE llevaría un registro de las cuentas de redes sociales y sitios web oficiales, que debían ser suministrados por candidatos y partidos. No se conoció mucho más sobre la aplicación, alcances y limitaciones de este novedoso articulado.

La regulación de los medios de comunicación en general durante las elecciones se aplica para garantizar, entre otros objetivos, que el electorado pueda acceder a una serie de perspectivas y opiniones diferentes y que los candidatos compitan con la mayor igualdad de condiciones posibles y tengan derecho a responder a las reclamaciones contra ellos.

En Venezuela, la LOPRE establece que los medios de comunicación social públicos y privados deben dar una cobertura informativa completa y balanceada de las informaciones relacionadas y sin tergiversar la realidad de la campaña. La ley les pide “riguroso equilibrio en cuanto al tiempo y espacio dedicado a las informaciones relativas a las actividades desarrolladas por los candidatos” (artículo 81). Pero en la práctica, a juzgar por el monitoreo independiente de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) en 2021, los medios nacionales tienen un “fuerte sesgo” a favor del partido gobernante.

Incluso antes y después del período de campaña, en Venezuela quedan dos vacíos temporales sin mayor ajuste regulatorio: lo que comúnmente se conviene en denominar “precampaña”, un lapso durante el cual los actores políticos adelantan su promoción de ofertas; y las dos jornadas de silencio que median entre el fin de la campaña y la jornada de votación, otro lapso durante el cual ha quedado demostrado que candidatos y partidos han encontrado maneras de seguir procurando captar votos a destiempo.

Pero, volviendo al debate regulatorio, la UNESCO plantea que, si bien Internet puede contribuir a nivelar las condiciones al permitir que los candidatos con menos recursos compartan sus mensajes y movilicen a los votantes con menores costes, las plataformas de los medios sociales tienden a beneficiar a los candidatos que disponen de más recursos financieros. Sucede que los partidos políticos y los candidatos que disponen de más dinero pueden beneficiarse de forma desproporcionada del microtargeting.

Esto es posible porque los medios de comunicación en línea y las plataformas sociales no están sujetos a las mismas reglas ni a las normas éticas de la información que los medios tradicionales. Por eso, gran parte del debate sobre la regulación de las redes sociales se centra en si estas se consideran simplemente agregadores o portadores de contenidos producidos por otros o si deben ya reconocerse como editores, dado su considerable control sobre la difusión de contenidos generados por los usuarios.

Aún más allá de este debate, una buena noticia al cierre es que la desinformación al final del día es derrotable, a través de verificación periodística y educación ciudadana.

Sofía lo aprendió y así lo aplica en dos direcciones: sigue y frecuenta los contenidos de diversas iniciativas nacionales de verificación y contra la desinformación (el Observatorio Venezolano de Fake News, Es Paja, Cazadores de Fake News, Cocuyo Chequea, ObserVe-InincoUCV y la Coalición Informativa C-Informa son algunas de ellas), mientras que duda, repasa y contrasta en portales confiables de internet antes de compartir cualquier cosa. Ella sabe que hacen falta ciudadanos más alfabetizados en medios e información. Quiere formar parte siempre de ese grupo, y así continuará honrando el significado (sabiduría) de su propio nombre. Aunque, la verdad, la Sofía de esta historia puede ser cualquier nombre. Incluso el tuyo.