1. El origen

La discusión sobre la conformación de un Poder Electoral en Venezuela permaneció abierta durante todo el tiempo de redacción de la vigente Constitución del año 1999, desde agosto hasta noviembre.

Medio año después de haber debutado en la Presidencia, Hugo Chávez abrió formalmente ese debate en la segunda sesión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC): “Bolívar propuso, y vaya usted a saber si no es pertinente la idea de un poder electoral, un poder autónomo de los demás, que sea permanente y que no esté sujeto a las cúpulas o a la manipulación política de ciertos sectores o a las presiones. ¡Cómo hemos visto de eso en estos últimos meses, en estos últimos tiempos!”, dijo el mandatario el 5 de agosto de 1999.

23 años más tarde, ¿el Poder Electoral ha sido autónomo?, ¿ha estado libre de manipulaciones políticas, de presiones? Las evidencias, los hechos, los estudios de opinión… la historia misma ha dado cuenta de cómo, en varias oportunidades, el interés público ha estado reñido con las filiaciones partidistas, dando lugar a violaciones de diversa índole en el proceso electoral.

En la sesión del 18 de octubre de 1999 el presidente de la Comisión de Régimen Político de la ANC, William Lara, comunicó y sometió a consideración las propuestas de ese equipo sobre la materia electoral en Venezuela, enmarcadas bajo un paraguas de democracia participativa y protagónica. Resumimos su discurso de entonces en 10 ideas:

10 propuestas electorales surgidas de la Constituyente del 99
10 propuestas electorales surgidas de la Constituyente del 99

Las propuestas encendieron el debate. En la sesión del 1 de noviembre de 1999, Guillermo García Ponce (1925-2010) consideraba como “un abuso” y “una exageración” el “invento” de un poder electoral. Veía más prudente mantener una oficina que atendiera este asunto: “La tendencia debería ser reducir los procesos electorales a una rutina, los organismos electorales a ser accidentales, no permanentes. No crear, como era la vieja política, que se justificaba en el régimen partidocrático, un gigantismo en el proceso electoral”.

García Ponce, ex miembro de la Junta Patriótica de 1957-1958, se opuso “a esta exuberancia” en la Comisión de Régimen Político. “Se me dijo que ahora íbamos a tener a cada momento una elección, un referéndum y eso justificaba el Poder Electoral. Pero creo que la perspectiva no es que a cada momento tengamos un proceso electoral y un referéndum. Al contrario, la perspectiva política después de las próximas elecciones, debe ser un largo período de estabilidad política, que es lo que requiere el país para que nos dediquemos a trabajar, a la economía del país”.

El también constituyente Alfredo Peña (1944-2016) lo secundó ese día con esta serie de cuestionamientos: ¿Crear un poder electoral cuando está desapareciendo en otras partes del mundo? ¿Para qué? ¿Cuánto va a costar? ¿Que lo propuso Simón Bolívar? Sí, pero eso fue hace como 200 años, decía el ex ministro de la Secretaría de la Presidencia, antes de rematar con este ‘peñonazo’ (como llamaba a las opiniones controvertidas en su programa televisivo): “Es innecesario constituir otro gigantesco aparato burocrático para hacer elecciones. Creo que se puede simplificar, hacerla con los que aparezcan en el sorteo, con los vecinos, inclusive, podemos establecer que sea una obligación”.

El abogado y profesor de derecho público Allan Brewer Carías razonaba, por su lado, que el poder electoral existía en Venezuela desde hace décadas, cuando se organizó el Consejo Supremo Electoral como órgano con autonomía funcional, igual que la Contraloría. “Siempre han sido órganos que ejercen el poder, pero no integrados en los tres clásicos poderes, con lo cual lo único que estamos haciendo aquí, con buena técnica constitucional, es regularizando lo que existe en el país”.

Estamos en la Venezuela de 1999 y el Consejo Electoral tenía unos 40 años de vida y más de 2.500 empleados. En otros países, como señaló Brewer Carías, ese poder electoral se ejerce por un poder judicial y, entonces, en vez de un CNE lo que hay es un tribunal electoral. En otros países más depende del legislador. Y en otros, depende del Ejecutivo y entonces quien organiza las elecciones son los alcaldes y los prefectos del ejecutivo. Venezuela, en su tradición, ha separado la función electoral de los tres poderes clásicos.

La desmilitarización del proceso electoral es también fundamental para que la sociedad asuma su responsabilidad, aportaba Claudio Fermín al debate. El constituyente Jesús Rafael Sulbarán consideraba “bastante sana” la segunda vuelta presidencial, pero no prosperó. Entre tanto, Alberto Franceschi proponía dejar el nombre de Consejo Nacional Electoral que el órgano mantenía desde hacía dos años, quedando descartada así la propuesta de denominarlo Consejo de Coordinación Electoral.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) fue el órgano electoral de Venezuela desde 1936 y hasta 1997, cuando fue reformado como Consejo Nacional Electoral. Y así, el debate fue aclarando dudas como las siguientes…

¿Por qué el origen de los rectores es diverso?

Los constituyentes querían evitar que el CNE estuviera integrado “por políticos de profesión que no tienen conocimiento de la materia electoral y que van al seno del organismo a defender los intereses de un partido en particular”, decía William Lara.

“Que por lo menos uno de los integrantes de este organismo tenga experticia en el área específica de lo electoral (…) de universidades que tenga las facultades de ciencias jurídicas y políticas porque allí está el recurso humano con que cuenta el país, de la más alta especialización, en esta materia electoral”. Asimismo, otro representante del Poder Ciudadano. Y tres postulados por la sociedad civil, “para que haya una verdadera democracia participativa y protagónica”.

¿Por qué la dedicación exclusiva?

La Constituyente planteó cinco funcionarios a dedicación exclusiva para el CNE. “Los que conocen el actual Consejo Nacional Electoral saben que allí hay miembros del Cuerpo Directivo que de manera simultánea son profesores universitarios, consultores de empresas privadas, de tal manera que le dedican al Consejo unas dos horas a la semana. Estamos proponiendo un poder público que requiere, en consecuencia, dedicación exclusiva de sus integrantes”, indicó Lara. Eso implica que tres de sus integrantes deban ser a la vez, en forma simultánea, quienes presidan cada uno de los tres entes propuestos como subordinados a la estructura rectora del Poder Electoral.

Y agregaba Lara que el nuevo CNE no sería “una réplica ni un clon” del que existía entonces, lleno de “burocracia parasitaria”. “Lo simplificamos organizacionalmente, lo estamos reduciendo desde el punto de vista del número de personas que trabajarían en él, y con ello estamos haciendo una importante contribución al contribuyente venezolano, porque le estamos garantizando que el Poder Electoral le sale más barato al país”.

¿Por qué propusieron siete años y, además, renovación de dos de los cinco cargos de rectores en la mitad de ese período?

“Porque estamos hablando de una función de alta especialización”, argumentaba Lara. “El país necesita estabilidad política y el Poder Electoral puede contribuir a ello, si se le da continuidad a aquellos que lo dirijan”.

“De esta manera, cuando se renueven dos miembros del cuerpo se garantiza la continuidad porque ya los otros tres tienen suficiente experiencia, tienen suficiente conocimiento y dominio del funcionamiento del Poder Electoral para garantizar la eficiencia en su desempeño”.

¿Por qué despartidizar el CNE?

“Esto que están diciendo que hemos tenido un Poder Electoral independiente… ¡Caramba! Esa mentira es del tamaño del Himalaya”, interrumpió el debate el mismo Alfredo Peña en noviembre de 1999. “Lo que hemos tenido es un poder absolutamente dependiente de los partidos políticos”, dijo, al señalar que los directivos y sus decisiones provenían del CEN de Acción Democrática y del Comité Nacional de Copei.

La Constitución de 1961, antecedente inmediato de la carta magna actual, ciertamente establecía que los organismos electorales estarían integrados “de manera que no predomine en ellos ningún partido o agrupación política”, y agregaba que sus componentes gozarían de privilegios de ley “para asegurar su independencia en el ejercicio de sus funciones”.

Retrospectiva a la 1

Había un objetivo supremo, que se repite en el Diario de Debates de la ANC de 1999: evitar, a todo evento, que el Poder Electoral “pueda ser víctima de las influencias nefastas de los partidos políticos”, como sentenció en su momento William Lara. Su autonomía e independencia como norte.

23 años después, el ex constituyente Vladimir Villegas, integrante de esa comisión de Régimen Político de la ANC de 1999, considera de entrada un evidente acierto la creación del Poder Electoral. Hacía falta, dice, crear un organismo electoral independiente de cualquier influencia de los partidos políticos y de otros poderes, que garantizara transparencia en las elecciones y que fuese capaz de generar confianza en la ciudadanía.

“En el papel, esa misión se cumplió a medias, porque en la práctica hemos visto un Poder Electoral sometido a la voluntad del Poder Ejecutivo”, lamenta el periodista y analista político. Que la oposición comenzara a coquetear con líneas políticas distintas a la participación electoral facilitó que el Ejecutivo le pusiera la mano a todos los poderes, complementa.

Este Poder Electoral, razona Villegas, nació con fallas de origen, como la creación de la Sala Electoral, que se ha traducido en una suerte de obstáculo para que el CNE cumpla con su misión; o que la legislación tampoco le da la fuerza necesaria para hacer cumplir su objetivo: “Su capacidad sancionatoria es más decorativa que otra cosa, su capacidad de tomar decisiones de obligado cumplimiento por otros poderes también es muy limitada, su posibilidad de controlar el gasto público…”, enumera. Pero, la peor de todas en palabras de Villegas, sigue siendo la falta de independencia del Poder Electoral.

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2.

Procesos largos y complejos

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